Misión
La Fiscalía Europea (www.eppo.europa.eu) es un organismo independiente y descentralizado de la Unión Europea con competencias para investigar, perseguir y enjuiciar los delitos contra el presupuesto de la UE, como el fraude, la corrupción o el fraude transfronterizo a gran escala que afecta al IVA. El Reglamento por el que se crea la Fiscalía Europea en el marco de la cooperación reforzada se adoptó el 12 de octubre de 2017 y entró en vigor el 20 de noviembre de 2017. Actualmente participan en este sistema 22 países de la UE.
En la actualidad, solamente las autoridades nacionales pueden investigar y perseguir los casos de fraude contra el presupuesto de la Unión pero sus competencias se limitan al territorio nacional. Los organismos de la UE existentes —como Eurojust, Europol y la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF)— carecen de las competencias necesarias para llevar a cabo investigaciones penales y actuaciones judiciales.
Estructura y características
La Fiscalía Europea, cuya sede se encuentra en Luxemburgo, está actualmente en proceso de creación y debería entrar en funcionamiento en marzo de 2021.
La Fiscalía Europea actuará como fiscalía única en todos los países de la UE participantes y combinará los esfuerzos europeos y nacionales de aplicación del Derecho en un enfoque unificado, integrado y eficiente. La Fiscalía Europea se estructurará en dos niveles: el nivel central y el nivel nacional. El nivel central estará constituido por el Fiscal General Europeo, sus dos fiscales adjuntos, veintidós fiscales europeos (uno por cada país de la UE participante), dos de los cuales desempeñarán la función de fiscales adjuntos del Fiscal General Europeo y del director administrativo. El nivel nacional o descentralizado estará compuesto por los fiscales delegados europeos, que ejercerán su labor desde los países de la UE participantes. El nivel central supervisará las investigaciones y las actuaciones judiciales penales incoadas a nivel nacional. Por regla general, serán los fiscales delegados europeos los encargados de las tareas de investigación y procesamiento en sus Estados miembros respectivos.
Los derechos de los sospechosos y de los acusados estarán asegurados por exhaustivas garantías procesales basadas en el Derecho de la UE y las legislaciones nacional en vigor. La Fiscalía Europea velará por que sus actividades respeten los derechos garantizados por la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, incluido el derecho a un juicio imparcial y el derecho de defensa. Las actuaciones procesales de la Fiscalía Europea estarán sujetas al control jurisdiccional de los tribunales nacionales. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con carácter prejudicial, tiene competencias residuales para garantizar una aplicación coherente del Derecho de la UE.
Directiva PIF
Los Estados miembros tenían hasta el 6 de julio de 2019 para transponer a sus legislaciones nacionales la Directiva (UE) 2017/1371 sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión a través del Derecho penal («Directiva PIF»). Las nuevas normas refuerzan el nivel de protección del presupuesto de la UE armonizando las definiciones, las sanciones y los plazos de prescripción de las infracciones penales que afectan a los intereses financieros de la Unión. La Directiva no solo es un instrumento esencial para la armonización del Derecho penal de los Estados miembros en el ámbito de los delitos contra el presupuesto de la Unión, sino que además sienta las bases de la futura Fiscalía Europea, destinada a investigar, perseguir y condenar los delitos en la práctica.
Vacantes
Las vacantes pueden consultarse en www.eppo.europa.eu
Más información
Folletos de la Fiscalía Europea (varias lenguas)
Fichas informativas de la Fiscalía Europea (varias lenguas)