Según el informe, se avanza en materia de Estado de Derecho en la UE, pero es necesario adoptar más medidas

El Estado de Derecho constituye la piedra angular de nuestras democracias. También es esencial para el futuro de nuestras economías y para la seguridad de Europa. En su último informe anual en materia de Estado de Derecho, la Comisión Europea examina la evolución del Estado de Derecho en todos los países de la UE, así como en cuatro países candidatos: Albania, Macedonia del Norte, Montenegro y Serbia. Como en años anteriores, el informe es el resultado de un estrecho diálogo con las autoridades nacionales y las partes interesadas para reforzar el Estado de Derecho. Sus conclusiones constituyen un incentivo importante para la reforma.

El informe sobre el Estado de Derecho de este año confirma que existe una trayectoria positiva en muchos países de la UE, en los que se han llevado a cabo importantes reformas en cuatro ámbitos clave: la justicia, la lucha contra la corrupción, la libertad de los medios de comunicación y los controles y equilibrios institucionales. Varios países de la UE continúan enfrentándose a dificultades y, en algunos de ellos, la situación es grave. Sin embargo, en general, el compromiso de reforzar el Estado de Derecho sigue siendo firme, y se han puesto en práctica un número considerable de recomendaciones del informe de 2024. 

Dado que el Estado de Derecho es un aspecto muy importante para las empresas que operan en distintos países, el informe de 2025 destaca cuestiones que tienen un vínculo directo con el correcto funcionamiento del mercado único, como una buena legislación y las normas de contratación pública. 

Estas son algunas de las conclusiones principales:

• Sistemas judiciales: muchos países de la UE han avanzado en reformas en materia de justicia, lo que incluye el refuerzo de la independencia de los Consejos del Poder Judicial, así como salvaguardias adicionales para los nombramientos de jueces y la autonomía de los fiscales. Sin embargo, muchos países informan de que los recursos para los sistemas judiciales están bajo presión, lo que repercute en la calidad y la eficiencia de la justicia. En los países de la ampliación, deben abordarse las influencias indebidas y los intentos de socavar la independencia de los jueces.
• Marcos de lucha contra la corrupción: varios Estados miembros han desarrollado nuevas estrategias de lucha contra la corrupción y reforzado su capacidad institucional, en particular aumentando los recursos para las fuerzas de seguridad, la fiscalía y el poder judicial. Sin embargo, siguen siendo necesarias nuevas medidas para reforzar los marcos preventivos. Los países de la ampliación han avanzado en el refuerzo de los marcos jurídicos e institucionales, pero deben mejorar la investigación y el enjuiciamiento de los casos de corrupción.
• Libertad y pluralismo de los medios de comunicación: se están llevando a cabo reformas en los países de la UE para adaptar la legislación nacional a las nuevas disposiciones del Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación. Se presta una atención cada vez mayor a la seguridad y la protección de los periodistas, en un contexto de amenazas continuas. Se siguen necesitando nuevas medidas para abordar preocupaciones como la seguridad de los periodistas, mejorar las salvaguardias para la independencia de algunos reguladores de los medios de comunicación y de los medios de comunicación públicos, aumentar la transparencia con respecto a la propiedad y garantizar una mayor equidad y transparencia en la asignación de publicidad institucional. En los países de la ampliación, también existe preocupación por la politización de los reguladores de los medios de comunicación, así como por el nombramiento de los cargos públicos de los organismos de radiodifusión.
• Controles y equilibrios institucionales : en varios países de la UE se están llevando a cabo reformas como la inclusión de las partes interesadas en el proceso legislativo y la mejora de la calidad de la legislación. En unos pocos países de la UE sigue habiendo obstáculos relacionados con los requisitos de financiación o de registro para organizaciones de la sociedad civil. En algunos países de la UE, las organizaciones de la sociedad civil se enfrentan a graves retos, ya que están sujetas a restricciones o controles financieros excesivos o a una protección inadecuada. En los países candidatos, los retos a los que se enfrentan los procesos legislativos y unas consultas públicas ineficaces limitan la gobernanza inclusiva.
• Dimensión del mercado único: el informe de este año ha hecho especial hincapié en cuestiones que pueden afectar al correcto funcionamiento del mercado único o a la adecuada configuración del entorno empresarial, como una buena legislación, las normas de contratación pública y la estabilidad del marco regulador.

La Comisión ha invitado al Parlamento Europeo y al Consejo a seguir manteniendo debates generales y específicos por país sobre la base de este informe y a tener en cuenta las recomendaciones para seguir examinando cómo lograr avances concretos. La Comisión ha pedido también a los Parlamentos nacionales, a la sociedad civil y a otras partes interesadas que prosigan el diálogo nacional sobre el Estado de Derecho, así como a escala europea, potenciando un mayor compromiso por parte de los ciudadanos.

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