Debido al envejecimiento de la población y a la frecuente disminución de las facultades mentales y psicosociales de las personas mayores, así como al creciente número de personas de todas las edades con discapacidad, cada vez más adultos necesitan protección jurídica o apoyo jurídico para gestionar sus intereses personales o financieros. En la actualidad, esos adultos se enfrentan a diversas dificultades en el caso de situaciones transfronterizas (por ejemplo, cuando su representante necesita cerrar una cuenta bancaria extranjera en otro país o cuando debe invocarse en un país una medida de protección adoptada por un órgano jurisdiccional de otro país).
El 31 de mayo de 2023, la Comisión presentó dos propuestas legislativas que tenían por objeto resolver las dificultades experimentadas por esos adultos y sus representantes en el caso de situaciones transfronterizas:
- un Reglamento que regulará los asuntos transfronterizos a efectos de la protección de los adultos entre países de la UE, y
- una Decisión del Consejo que obligará a los países de la UE a adherirse al Convenio HCCH sobre Protección de los Adultos de 2000
Las propuestas establecerán normas uniformes aplicables a los asuntos transfronterizos en relación con la protección de los adultos, mejorarán la seguridad jurídica, reducirán el coste y la duración de los procedimientos transfronterizos y contribuirán a salvaguardar los derechos de los adultos, incluido su derecho a la autonomía.
Un asunto transfronterizo es aquel en el que dos países diferentes están implicados en un mismo asunto: por ejemplo, un adulto protegido vive en el país A pero posee activos como una casa o una cuenta bancaria en el país B, o viaja por el país B y necesita recibir allí tratamiento médico.
¿Quiénes están cubiertos por las propuestas de la Comisión?
Las propuestas de la Comisión cubren a adultos que, debido a una deficiencia o insuficiencia de sus facultades personales, no están en condiciones de proteger sus intereses. Esta deficiencia o insuficiencia puede ser permanente o temporal y, entre otras cosas, puede ser de carácter físico o psicosocial (por ejemplo, una discapacidad intelectual o una enfermedad psiquiátrica), o estar en relación con una enfermedad asociada a la edad, como la enfermedad de Alzheimer, o ser el resultado de un problema de salud, como un coma.
A fin de garantizar que reciben protección y apoyo en el ejercicio de su capacidad jurídica, esos adultos pueden ser objeto de una medida de protección adoptada por un órgano jurisdiccional o una autoridad administrativa, o contar con el apoyo de una persona («representante») que hayan designado previamente (mediante «poderes de representación») para gestionar sus intereses. Cuando esos adultos se encuentren en una situación transfronteriza, las propuestas de la Comisión resolverán los problemas relacionados con el hecho de que haya más de un país implicado. Las normas garantizarán que la protección jurídica concedida a esos adultos en un país siga manteniéndose sin reservas a través de las fronteras. Asimismo, contribuirán a salvaguardar sus derechos, incluido el derecho a la autonomía y el derecho de acceso a la justicia.
Las propuestas también facilitarán las gestiones transfronterizas a los representantes de los adultos y a las demás personas y entidades que traten con esos representantes.
¿Cómo funcionarán las propuestas?
El paquete legislativo consiste en una propuesta de la Comisión de un Reglamento que se aplicará entre países de la UE y una propuesta de Decisión del Consejo que obligará a los países de la UE a adherirse al Convenio de 13 de enero de 2000 sobre Protección Internacional de los Adultos («Convenio HCCH sobre Protección de los Adultos de 2000»).
El Reglamento propuesto establecerá normas comunes sobre cooperación judicial en asuntos transfronterizos en la UE, es decir, normas que establezcan la competencia internacional de los órganos jurisdiccionales y las autoridades que adoptan medidas, determinando la legislación aplicable a un asunto, y que definan cómo se reconocen en otros países de la UE las medidas adoptadas para la protección de los adultos. El Reglamento también establecerá normas que regulen la legislación aplicable a los poderes de representación y cómo llevarlos a efecto en el extranjero. El Reglamento introducirá asimismo normas sobre la cooperación entre las autoridades de los Estados miembros, así como normas que establezcan la comunicación digital obligatoria, un certificado de representación europeo y registros interconectados.
El Convenio HCCH sobre Protección de los Adultos de 2000 es un convenio internacional que establece, entre sus Estados contratantes, un marco jurídico aplicable a la protección de los adultos a escala internacional. Actualmente esos Estados contratantes incluyen 12 países de la UE, además de Suiza, Mónaco y el Reino Unido (solo con respecto a Escocia). Sobre la base de la propuesta de Decisión del Consejo presentada por la Comisión, todos los demás países de la UE (a excepción de Dinamarca) estarán obligados a adherirse al Convenio HCCH sobre Protección de los Adultos de 2000. Los países de la UE solo aplicarán el Convenio en relación con otros Estados contratantes no pertenecientes a la UE, y no en relación con otros países de la UE.
Por consiguiente, el paquete legislativo propondrá normas estándar relativas a la protección de los adultos en asuntos transfronterizos tanto entre países de la UE como internacionalmente (con otros países que sean o que vayan a ser Partes en el Convenio HCCH sobre Protección de los Adultos de 2000). Este marco jurídico uniforme abordará las dificultades existentes a las que se enfrentan los adultos en situaciones transfronterizas, así como las lagunas e incoherencias actuales en la protección jurídica de los adultos. De este modo, contribuirá a proteger mejor los derechos de los adultos, a reforzar la seguridad jurídica y la previsibilidad en las gestiones transfronterizas y a mejorar la eficacia y la rapidez de los procedimientos transfronterizos relativos a la protección de los adultos.
¿Cuál es la relación entre las propuestas y la legislación de los Estados miembros de la UE?
Las propuestas no afectan a la legislación nacional de los países de la UE en materia de protección de los adultos (como las normas que regulan los tipos de medidas de protección y sus consecuencias, los poderes que puede tener el representante de un adulto y sus limitaciones, etc.).
Las propuestas únicamente incluyen normas que se aplicarán en asuntos transfronterizos y que responden, por ejemplo, a las siguientes preguntas:
- ¿Qué órganos jurisdiccionales de un país son competentes para adoptar una medida de protección en relación con un adulto?
- ¿La legislación de qué país se aplicará a la protección de un adulto que tenga vínculos con más de un país?
- ¿Cómo pueden llevarse a efecto en otros países una medida de protección o unos poderes de representación?
- ¿Cómo pueden las autoridades de los distintos países cooperar e intercambiar información sobre la protección de los adultos?
Próximos pasos
El Parlamento Europeo y el Consejo deben examinar y debatir las propuestas.
La propuesta de Reglamento debe ser adoptada por el Parlamento Europeo y el Consejo. El Reglamento comenzará a aplicarse dieciocho meses después de su adopción. Los Estados miembros dispondrán entonces de cuatro años adicionales para adaptar sus canales de comunicación y que pasen a ser electrónicos, y de cinco años para crear un registro e interconectarlo con los registros de otros Estados miembros.
La Decisión del Consejo debe ser adoptada por el Consejo previa consulta al Parlamento Europeo. Los Estados miembros dispondrán entonces de dos años para dar cumplimiento a la Decisión del Consejo y adherirse al Convenio HCCH sobre Protección de los Adultos de 2000.
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