Ayudas estatales

De conformidad con la legislación de la UE, el apoyo dado por un Estado miembro o mediante fondos estatales no debe afectar injustamente a la competencia y los intercambios comerciales dentro de la UE favoreciendo a determinadas empresas o la producción de determinadas mercancías.  

Para lograrlo, la legislación establece condiciones específicas sobre las «ayudas estatales», que se definen como cualquier tipo de ventaja proporcionada por las autoridades públicas nacionales a determinadas empresas de un modo selectivo. Entre ellas se incluyen subvenciones, préstamos garantizados por el Estado, préstamos sin intereses, desgravaciones fiscales o el suministro de bienes y servicios en condiciones favorables. Las ayudas estatales pueden resultar beneficiosas cuando persiguen intereses públicos que prevalecen sobre el falseamiento de la competencia. La Comisión Europea es responsable de evaluar si las ayudas propuestas cumplen esta norma. 

Al controlar las ayudas estatales, la Comisión contribuye a preservar unas condiciones de competencia equitativas en el mercado interior de la UE y garantiza que las empresas compitan en función de sus méritos, y no porque reciban un trato preferente de un gobierno. Para supervisar el impacto de las ayudas estatales, la Comisión recopila periódicamente datos que miden la aplicación por parte de los Estados miembros de sus medidas de ayuda estatal.