En cualquier organización, privada o pública, grande o pequeña, pueden registrarse actividades ilícitas y abuso de derecho, que pueden adoptar formas diversas, como corrupción, fraude, prácticas abusivas de empresas o negligencia, y que si no se resuelven pueden ocasionar graves perjuicios al interés público.
Las personas que trabajan en una organización o están en contacto con ella por razones laborales son a menudo las primeras en tener conocimiento de tales hechos y, por lo tanto, se encuentran en una posición privilegiada para informar a quienes pueden abordar el problema.
Los denunciantes, es decir, las personas que informan dentro de la organización o a una autoridad externa sobre actos reprobables conocidos en un contexto laboral, o los revelan al público, ayudan a prevenir daños y a detectar amenazas o perjuicios para el interés público que, de lo contrario, podrían permanecer ocultos.
Sin embargo, a escala europea y nacional, la protección de los denunciantes es desigual y está fragmentada. Como consecuencia de ello, los denunciantes a menudo se ven disuadidos de informar sobre sus preocupaciones o sospechas por temor a represalias.
Por estas razones, el 23 de abril de 2018, la Comisión Europea presentó un conjunto de iniciativas, que incluían una propuesta de Directiva relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión y una Comunicación, que implantan un marco jurídico completo de protección de los denunciantes para preservar el interés público europeo, establecen canales de información fácilmente accesibles, subrayan la obligación de mantener la confidencialidad y la prohibición de tomar represalias contra los denunciantes, y definen medidas específicas de protección.
La Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión se adoptó el 23 de octubre de 2019 y entró en vigor el 16 de diciembre de 2019. Los Estados miembros tenían hasta el 17 de diciembre de 2021 para incorporarla a la legislación nacional.
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