Respuesta
Las personas tienen derecho a oponerse al tratamiento de los datos personales si exponen las razones específicas que les afectan. Deberá examinarse la existencia de una situación específica según cada caso y puede verse afectada por circunstancias cambiantes, cambios en la calidad de la intervención o una nueva situación de peligro.
Solo se puede formular una objeción en los casos en que una administración pública realice el tratamiento de los datos en el contexto de sus funciones públicas o cuando una empresa realice el tratamiento basándose en sus intereses legítimos. En tales casos, ya no podrá seguir tratando los datos, a menos que demuestre que necesita hacerlo por motivos que prevalezcan a los derechos y libertades de la persona o si necesita los datos para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
Asimismo, las personas tienen derecho a oponerse en todo momento al tratamiento de sus datos personales con fines de mercadotecnia directa. La mercadotecnia directa se entiende, según el Reglamento general de protección de datos, como toda acción de una empresa para comunicar publicidad o material de mercadotecnia, destinada a determinadas personas. Usted deberá informar a las personas en su declaración de confidencialidad o a más tardar en el momento de la primera comunicación con ellas, de que utilizará sus datos personales para mercadotecnia directa y que tienen derecho a oponerse sin ningún coste. Si una persona se opone al tratamiento para fines de mercadotecnia directa, deberá dejar de tratar sus datos personales para tales fines.
Ejemplo
En el sector de los seguros, muy a menudo se necesitan datos personales para la defensa en procesos judiciales en caso de medidas contra el fraude o el blanqueo de dinero. En estos casos, las compañías de seguros pueden rechazar respetar la solicitud de una persona a oponerse basándose en motivos que prevalecen sobre los derechos y libertades de la persona.
Referencias
Example
In the insurance sector, very often the personal data is needed for the defence of legal claims in the case of anti-fraud or anti-money laundering measures. In those cases insurance companies may refuse to uphold an individual’s request to object based on reasons that override the rights and freedoms of the individual.